El aumento previsto por el Gobierno español supondrá un coste extra para las arcas del Estado, que se suma a los 25.000 millones de este año.
El incremento del sueldo de los funcionarios y la subida de las pensiones previstos para el 2024 exigirá un esfuerzo extra a las arcas del Estado de unos 12.000 millones de euros. Un desembolso que se suma a los 25.000 millones que se destinaron para ello en 2023 y que desde la Fundación de Cajas de Ahorro recuerdan que es estructural.
El plan del Gobierno de España para 2024 contempla un aumento fijo del salario de los funcionarios del 2% que podría subir un 0,5% más en función del IPC. Un incremento que el propio Gobierno ha cifrado en unos 4.746 millones de euros. Una subida que se pactó con UGT y CCOO dentro de un plan a tres años en el que se alzarían un 9,5% el salario de los trabajadores del públicos.
Además de esto, el Ejecutivo español prometió una subida de las pensiones que desde Funcas han cifrado alrededor de 7.200 millones de euros, al no haber datos oficiales. Una cifra que unida al aumento de los salarios de los empleados públicos eleva a los 12.000 millones el gasto extra que deberán soportar las arcas estatales. Un gasto, que no será puntual, sino que es estructural.
La jubilación del ‘Baby Boom’
A esto se le une que la generación del ‘baby boom’ español se va jubilando paulatinamente lo que a su vez provocará más tensiones en la caja de las pensiones. No en vano se calcula que la llegada de los nacidos en el baby boom a la jubilación supondrá un coste adicional de alrededor del 2,3%. Además, las prestaciones por jubilación son cada vez más altas, lo que supone que para el próximo año se superen por primera vez los 200.000 millones de euros en pensiones.
Todo este aumento del gasto provocará una mayor tensión en las arcas de la Seguridad Social, para lo que el Estado ha tenido que transferir ya en este 2023, casi 40.000 millones de euros para hacer frente al pago de las pensiones y los salarios de los trabajadores públicos ya que desde hace algún tiempo la Seguridad Social española no es capaz de financiarse por sí misma, siendo necesario que el Estado trasvase importantes cantidades de dinero de otros ámbitos a la Seguridad Social. Y el gasto va en aumento.
