La nueva ley pretende revolucionar de forma radical la gestión de los residuos para fomentar una economía más limpia
El nuevo proyecto de la Ley de Economía Circular ya ha sido presentado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Una ley que pretende modificar de forma integra los sistemas de consumo de la ciudades y favorecer la gestión ecológica de los residuos. En particular, el texto presentado asegura que se «busca la mejora del medio ambiente regional, reduce la burocracia sin añadir tasas o impuestos e implanta un nuevo sistema productivo más eficiente para el aprovechamiento de los recursos naturales».
La nueva ley, según Carlos Novillo, el consejero de Medio Ambiente, Interior y Agricultura de la Comunidad de Madrid, posibilitará la implantación de «un nuevo modelo, pasando del lineal al de la reutilización y reciclaje, que maximiza el ciclo de vida de los materiales y previene la generación de residuos». Una reforma vanguardista que encamina a la ciudad hacia la senda del ecologismo y la reducción de residuos.
Sin embargo, su aprobación no ha sido aún efectiva, y es que la ley tiene que remitirse a la Asamblea de Madrid para ser aprobada tal y como dicta el procedimiento administrativo. En el caso de darse el visto bueno, se espera que la ley pueda favorecer la llamada “economía circular” una de las corrientes de consumo ecológico más populares en la actualidad y con la que se puede aumentar la eficiencia de las ciudades.
La economía circular
La economía circular se trata de uno de los modelos de consumo más popularizados en los últimos años.
Más allá de resultar en una reforma de los sistemas industriales y productivos, se trata de una filosofía ecológica que pretende reducir, en una gran medida, el consumo y el desperdicio de productos que aún presentan vida útil. A través de la reutilización, la mejora de procesos vinculados con el reciclaje y la adaptación de los sistemas de producción, este modelo defiende que los ciudadanos puedan darle una segunda vida a los productos que aún la tienen. Una forma de evitar, por ejemplo, el desperdicio de alimentos de forma desmedida o de, tomando otro ejemplo, poder facilitar los procesos de reparación en los teléfonos móviles.
El consistorio ha asegurado que se tratará de «una norma incentivadora, no impositiva, que evita burocracia y gastos innecesarios, ya que no requiere de un organismo adicional ni establece tasas ni impuestos agregados». Principalmente estará enfocada en la reducción de los procesos burocráticos para facilitar la reutilización y en el apoyo a los municipios para que puedan implantar sus propios sistemas.
