¿En qué consiste la Ley de la Segunda Oportunidad?

La Ley de la Segunda Oportunidad permite a los deudores cancelar sus deudas y empezar de nuevo sus proyectos.

La inversión económica resulta una de las grandes piezas de la economía.

Invertir en inmuebles, negocios o activos puede ser el camino para lograr cierta independencia financiera y, en casos excepcionales, la riqueza. Sin embargo, invertir dinero puede resultar muy arriesgado y, en las situaciones más extremas, puede generar deudas imposibles de pagar y llevar a los deudores a la bancarrota.

A raíz de esto, existen opciones y leyes que pueden ayudar a afrontar el pago de las deudas con menos riesgos y a empezar una vida nueva. La Ley de la Segunda Oportunidad, aprobada en el año 2015, es una de estas. Los deudores pueden recurrir para exonerar sus deudas y así, evitar entrar en una espiral de gestiones que pueden llegar a dejarles sin nada.

Los requisitos para acogerse a esta ley incluyen ser deudor de buena fe, haber establecido un plan de pagos para liquidar las deudas o estar al corriente de pago con Hacienda. Además, los deudores deberán haber asumido sus deudas por responsabilidad legal extracontractual, por delitos o deudas de manutención, haber pagado los salarios correspondientes a los últimos 60 días de trabajo o la Seguridad Social.

Condiciones necesarias

Además, se excluyen de la ley todos los deudores que estén condenados por delitos contra el patrimonio, contra la Hacienda pública o contra los derechos de los trabajadores en los últimos 10 años.

También estarán excluidos los que hayan sido sancionados por resolución administrativa firme por infracciones muy graves. 

La buena fe es una de los puntos centrales de esta ley. Así, los deudores que hayan proporcionado información falsa y engañosa en el proceso de endeudamiento quedarán excluidos sin poder tener la ayuda del Estado en el proceso de cancelación de deudas.

Entre las deudas incluidas que se pueden cancelar se incluyen los préstamos, las tarjetas de crédito, los microcréditos, las hipotecas, las deudas con proveedores, las deudas con Hacienda de hasta 10.000 euros o las deudas con la Seguridad Social.

La nueva reforma de la Ley de la Segunda Oportunidad permite a los deudores conservar su inmueble principal tras recurrir a este trámite, hecho que no se incluía en la versión anterior de la ley. El establecimiento de un plan de pagos de cumplimiento riguroso será una condición indispensable para este hecho.