El acceso a internet se ha convertido en indispensable y la nueva Ley de Telecomunicaciones así lo registra
La Ley de Telecomunicaciones actual establece que el acceso a internet debe ser un servicio universal, igualándose así a la normativa aplicada a colectivos vulnerables de agua, luz y gas. Hasta ahora solo se incluía la telefonía fija. Con esta nueva norma, las operadoras de telecomunicaciones están obligadas a ofrecer un bono social con precios regulados para colectivos con pocos recursos económicos que les garantice el acceso a internet y telefonía.
El acceso a internet se ha convertido en indispensable (trámites administrativos, búsqueda de empleo, banca…) y por eso la reciente ley de Telecomunicaciones lo ha incluido dentro del servicio universal. Ahora, se debe ofrecer, junto a las comunicaciones de voz, banda ancha con una velocidad mínima de 10 Mbps (antes era 1 Mbps), que irá subiendo en el futuro a 30 y 100 Mbps. La conexión, suficiente para las tareas más habituales, se debe garantizar con independencia de dónde viva el usuario y a un precio asequible. Movistar es la compañía que tiene asignado el servicio universal y está obligada a mantener la red.
Para proporcionar este servicio universal, los operadores deben ofrecer unas tarifas específicas para colectivos con rentas bajas o necesidades especiales, que complementan la ayuda conocida como Bono Unico, una subvención a los hogares vulnerables para afrontar los gastos de instalación de internet.
Un Bono Social para telecomunicaciones
Los destinatarios del bono social de telecomunicaciones son los consumidores con rentas bajas o necesidades sociales especiales. Los requisitos concretos para entrar en esas categorías se van a establecer mediante un real decreto, tras consultar con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Aunque esa definición todavía está pendiente, las operadoras han empezado a configurar sus tarifas destinadas a distintos colectivos, en las que aplican criterios diferentes.
De una tarifa social se espera, tal y como la ley lo exige, que el precio facilite el acceso a los productos incluidos en el servicio universal a los hogares en dificultades. Sin embargo, como los operadores tienen tarifas tan distintas, es posible ofrecer un buen descuento sobre el precio normal sin que eso signifique en realidad un precio más bajo que el de otro competidor.
Prácticamente todas las compañías están obligadas a ofrecer este bono social, ya que se busca que cualquier persona pueda tener en su casa internet de banda ancha a través de conexiones en ubicación fija.
La OCU recoge las siguientes:
- Másmóvil: su tarifa se ofrece en colaboración con la asociación INNICIA. El criterio de acceso, además de hacerse contactando con esta asociación que opera en Madrid, exige no superar el IPREM de 14 pagas en más de un 50% (que se amplía si hay menores) y además que estén en búsqueda de empleo, o tengan menores y sean familias en situación de vulnerabilidad…
- Movistar: su tarifa social está destinada exclusivamente a pensionistas y jubilados de un determinado nivel de renta.
- Orange: destinada a titulares del ingreso mínimo vital o la renta mínima de insercción de su comunidad autónoma.
- Vodafone: se dirige a jubilados o pensionistas mayores de 65 años con bajos ingresos de la unidad familiar (no superar 120% del IPREM), jóvenes menores de 30 años en búsqueda de empleo y titulares del ingreso mínimo vital.
Una ley que tiene la intención de acercar las conexiones a todas las casas de nuestro país para el beneficio de los ciudadanos.
